El Gobierno nacional avanza con un plan de desguace del Correo Argentino que ya lleva 300 sucursales cerradas de un total de 900 previstas, 6.000 retiros voluntarios y 300 despidos directos. La planta de personal pasó de 18.000 a 11.000 empleados y desde la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) denuncian que el objetivo final es vaciar la empresa para facilitar su privatización y vender el paquete accionario y los edificios donde funcionan las sucursales. «Es una política de achicamiento y vaciamiento. Quieren achicar la empresa para venderla en buenas condiciones», afirmó el secretario general del gremio, Alberto Cejas, quien señaló que el mismo esquema se aplica con Trenes Argentinos.
Las provincias más afectadas son San Luis, Catamarca, Mendoza y Santiago del Estero, pero el impacto se extiende por todo el interior del país. Son las localidades más pequeñas y remotas las que más sufren los cierres, porque el correo estatal es allí muchas veces el único acceso a servicios públicos, en tanto no hay sucursales de bancos o de ANSES. En Villa Manzano, Neuquén, por ejemplo, el intendente Daniel Hernández ofreció renovar el comodato del edificio y hacerse cargo de todos los gastos de luz y gas, pero ni eso alcanzó para evitar el cierre. Los vecinos deben recorrer ahora 60 kilómetros por ruta para llegar a la sucursal más próxima. «Nos duele profundamente: pérdida de un servicio indispensable, incomodidad para los adultos mayores, dificultades para trabajadores y emprendedores», expresó el intendente. Situaciones similares se repiten en decenas de localidades de todo el país.
En varios de esos lugares el servicio postal es reemplazado por «Puntos Correo» que funcionan en locales comerciales privados. Desde el gremio cuestionan la medida, considerando que es más cara que mantener una oficina abierta, no garantiza la totalidad de los servicios y precariza la atención para vecinos que ya de por sí tienen pocas alternativas. El titular de FOECYT denunció además que hay más de 100 funcionarios políticos en la gerencia con «sueldos millonarios» que distorsionan las estadísticas salariales de la empresa: «Cuando incorporan sus sueldos al promedio, maquillan los números. Los trabajadores cobran entre 700.000 y 900.000 pesos», explicó Cejas.
El conflicto salarial agrava el cuadro. La empresa ofreció un aumento del 6,6% que el gremio rechazó de plano y calificó de «burla», y reclamando un 15% para empezar a recuperar el poder adquisitivo perdido. FOECYT presentó un pedido formal de reapertura urgente de las paritarias, advirtiendo que los salarios están en el límite de la indigencia. Cejas fue explícito sobre las consecuencias de reclamar: «Pedir un salario digno hoy está penado con el despido». En ese contexto, la Legislatura bonaerense recibió proyectos de repudio al plan de cierres, con legisladores que advirtieron que las medidas muestran «una clara ausencia de conocimiento del territorio y de las necesidades del vecino, y del rol social que cumple el Correo Argentino».
En diciembre, la empresa incorporó 240 robots e inteligencia artificial para la clasificación automática de paquetería, tecnología que el gremio lee como una señal inequívoca del destino final del proceso. «El que la compre va a tener una empresa con la última tecnología incorporada y no va a requerir inversión para modernizar», señalaron desde FOECYT. La lectura sindical es que el Gobierno está poniendo a punto la empresa para entregarla al mejor postor, en un proceso que beneficiaría directamente a las principales competidoras privadas, debilitando aún más al Estado y perjudicando a los usuarios.
