Las autoridades partidarias se reunieron por Zoom para concretar la sanción a los legisladores que provocaron la ruptura del bloque en el debate que terminó ganando el oficialismo. El Tribunal de Conducta evaluará la actitud de los que se ausentaron, Roxana Reyes y el chaqueño Gerardo Cipolini. Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat, Pablo Cervi y José Federico Tournier son los cinco diputados que integran el bloque de la Unión Cívica Radical y que fueron apuntados en el partido luego de haber acompañado el veto de la ley de movilidad jubilatoria que impulsó el presidente Javier Milei. Su posición fue clave para el Gobierno logre dejar sin efecto un incremento para los jubilados que el Congreso había otorgado por ley. Consumada la fractura en este tema, el radicalismo dispuso un encuentro virtual de la mesa directiva de la Convención Nacional, que tomó la decisión dejar en suspenso la afiliación partidaria de cuatro de los cinco legisladores díscolos. El caso de Tournier es particular, ya que pese a integrar el bloque de la UCR en la cámara baja no cuenta con una ficha de afiliación en el partido centenario. El grupo de legisladores se diferenció de la postura que había planteado el bloque radical, luego de mantener una reunión con el presidente Javier Milei. Esa decisión disparó el malestar hacia adentro de los órganos partidarios. La Convención Nacional, presidida por Gastón Manes – hermano del diputado y referente del radicalismo bonaerense Facundo Manes – había adelantado antes de la votación que el grupo de los disidentes sufriría sanciones si optaban por apoyar al oficialismo. La reunión de este lunes, vía Zoom, tiene al propio Gastón Manes al frente. Según confirmaron fuentes partidarias a Infobae, la decisión se castigar a los legisladores se llevó adelante según lo previsto y resta la votación final. “No habrá sorpresas”, indicaron ante la consulta de este medio. El resto del bloque, en tanto, también había manifestado por escrito, en un documento, el enojo existente con el grupo de los cinco radicales disidentes. “Los/las diputados y diputadas del bloque de la Unión Cívica Radical expresamos nuestro malestar y repudio con la actitud adoptada por cinco diputados integrantes de nuestro bloque que rompieron un acuerdo unánime y cambiaron su voto para acompañar el veto total del Gobierno a la ley previsional, causando así un daño sobre la credibilidad y ética de sus posiciones del radicalismo frente a la ciudadanía”, expresa un fragmento del texto firmado por los otros miembros del espacio, Facundo Manes, Manuel Aguirre, Marcela Antola, Fernando Carbajal, Ana Carla Carrizo, Mariela Coletta, Marcela Coli, Pablo Juliano, Juan Carlos Polini, Jorge Rizzotti y Danya Tavela. Además, la Convención remitirá al Tribunal de Conducta del partido la situación de Roxana Reyes y Gerardo Cipolini, los dos legisladores del bloque que si bien no votaron en contra de la ley, se ausentaron durante el debate. El Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores había convertido en ley un ajuste para las jubilaciones. Desde el Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei dispuso el veto de la norma, argumentando que afectaría la base de su política económica, el superávit fiscal. En medio de esa discusión, los bloques opositores intentaron insistir en la imposición de la ley para recomponer los haberes de los jubilados. Para esa ratificación necesitaba los dos tercios del total de los votos, esto es, 162 votos. Tanto las votaciones en contra como las ausencias fueron funcionales al objetivo del Gobierno, que finalmente logró vetar la ley. Este domingo, durante la presentación del Presupuesto 2025 frente al Congreso, el presidente Javier Milei propuso como regla general para la sanción de leyes que cada iniciativa que implique una mayor erogación para el Estado incluya la fuente de financiamiento para tal fin. En otras palabras, cada propuesta que implique gasto debe aclarar cómo se paga. “No estamos echando a nadie, ellos se han ido solos”, hicieron saber desde el partido en relación al futuro de los cinco diputados radicales que acompañaron el veto del presidente Milei. Infobae

 

El Ejecutivo destinaría al sector $3,8 billones, aunque los rectores reclaman casi el doble. El Presupuesto 2025 que presentó Javier Milei en el Congreso revivió el fuego.

El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas está lejos de acabar. Después del anuncio del veto presidencial al presupuesto del sector votado en el Senado, el discurso que brindó Javier Milei anoche en el Congreso revivió la discusión.

Según el Presupuesto 2025 anunciado por el mandatario, se le asignó a las instituciones cerca de la mitad de lo que vienen reclamando. Y como ya habían anticipado días atrás, rectores y federaciones que nuclean a docentes y no docentes amenazan con una nueva marcha para octubre.

Así buscarán presionar para que la cámara de Diputados exija volver a votar la ley de presupuesto universitario para esquivar el veto de Milei.

El Gobierno mantiene la suspensión del Fondo de Incentivo Docente y asigna la mitad de los recursos que piden las universidades

Pasando a números, el Gobierno destinaría $3,8 billones a las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exije $7,2 billones.

“A la medianoche pudimos acceder a las planillas y hacer un análisis pormenorizado. Advertimos que hay una diferencia enorme y se explica, porque básicamente el Gobierno no contempla la recuperación de los salarios",  indicó Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis.

Y añadió: "No hay intención cierta de recomponer los salarios docentes y no docentes para al menos igualar la situación de pérdida frente a la inflación. La única certeza que surge de este presupuesto es que los docentes y no docentes en 2025 van a tener los mismos salarios que hoy, ni siquiera se contempla la inflación, que se estimó del 18%”.

En esa línea remarcó: "Es por eso que esta tarde [por el lunes] nos reunimos con las federaciones y decidimos que el martes que viene, tras la reunión del CIN, anunciaremos las medidas a tomar: una nueva marcha para octubre, salvo que el Gobierno tienda una diagonal que permita modificar esta situación, aunque lo vemos muy poco probable porque no vemos voluntad de dialogar”.

En lo que va del año, el Gobierno asignó actualizaciones de partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento. Vale destacar que los salarios de docentes, investigadores, directivos y personal administrativo no docente representan cerca del 85% del presupuesto universitario, mientras que los gastos de funcionamiento son un 5%.

Desde el inicio de la gestión libertaria, los gremios universitarios consideran insuficientes dichas actualizaciones que otorgó el Gobierno: un 4% en junio, un 9% para mayo, un 8% en abril, un 12% en marzo y en febrero, un 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces. Después, sumaron un 7% de julio.